La violencia como problema de salud pública en Venezuela: algunas reflexiones desde la perspectiva del profesional de seguridad ciudadana

INFORME ESPECIAL

 

 

La violencia como problema de salud pública en Venezuela: algunas reflexiones desde la perspectiva del profesional de seguridad ciudadana

 

Violence as public health problem in Venezuela: some reflections from the perspective of the citizen security professional   

 

Lic. Edicta Gregoria González Leal, I Dra. C. María Elena Pardo Gómez, II Dr. C. José Manuel Izquierdo Lao II

I Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Caracas, República Bolivariana de Venezuela.
II Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba.

 

 


RESUMEN

En este artículo se efectúa una valoración crítica acerca de la violencia como problema de salud en Venezuela y cómo afecta a la seguridad ciudadana, debido a la importancia que ha adquirido en la actualidad esta temática, relacionada con los derechos humanos, la participación ciudadana, la necesaria convivencia y la capacidad que tengan las comunidades para mejorar su salud y condiciones de vida. Además, se profundiza en el estado actual de la formación del profesional de seguridad ciudadana en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en Caracas, Venezuela, y se exponen ciertas limitaciones en dicho proceso que demandan un replanteamiento didáctico.

Palabras clave: violencia, problemas sociales, problema de salud, protección social, formación profesional, Venezuela.


ABSTRACT

A critical valuation about the violence as health problem  in Venezuela and how it affects  the citizen security is carried out in this work, due to the importance that this thematic has acquired at the present time, related to the human rights, the citizen participation, the necessary coexistence and the capacity that have the communities to improve their health and life conditions.  Also, it is deepened in the current state of the  citizen security professional training in the Experimental National University of Security, in Caracas, Venezuela, and certain limitations in this process that demand a didactic reconsideration are exposed. 

Key words: violence, social problems, health problem, social protection, professional training, Venezuela. 


 

 

INTRODUCCIÓN

La violencia se ha convertido en un problema en el ámbito de la salud pública debido a la magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas. Millones de personas mueren cada año por causas atribuibles a la violencia. Sin embargo, la mortalidad representa solo la parte más visible, puesto que por cada muerte violenta se producen decenas o cientos de lesiones de diversa gravedad.

De hecho, la violencia, en todas sus manifestaciones, deviene un problema de salud pública que involucra a todos los países y, aunque no constituye propiamente una enfermedad en el sentido tradicional de su comprensión, donde el elemento etiológico-biológico desempeña como regla un papel fundamental; en sentido social resulta un problema de salud y un importante factor de riesgo psicosocial, por la magnitud del daño, la invalidez y muerte que provoca, con consecuencias múltiples y diversificadas en los planos social, psicológico y biológico.

En 1996, la Asamblea Mundial de la Salud declaró que la violencia es un importante problema de salud pública en todo el mundo, pues además de ser un factor de riesgo de muchas enfermedades y dolencias, está determinada por múltiples interacciones sistémicas de carácter biológico, psicológico y social, que se entrelazan en una red de interacciones contenidas en la actividad humana.

Al respecto, el impacto sanitario de la violencia no se limita a las lesiones físicas. Entre los efectos a largo plazo se encuentran los trastornos mentales (como la depresión), los intentos de suicidio, los síndromes de dolor crónico, los embarazos no deseados, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Los niños víctimas de la violencia corren mayor riesgo de consumir alcohol y drogas, de ser fumadores y de presentar comportamientos sexuales de alto riesgo; esto puede ocasionar, aunque sea muchos años después, enfermedades crónicas o letales, como cardiopatías, cáncer e infecciones de transmisión sexual, entre otras.

No obstante los planteamientos expuestos, la violencia es prevenible y se puede reducir su impacto. La salud pública se caracteriza sobre todo por la importancia que concede a la prevención. En lugar de aceptar sencillamente la violencia o reaccionar ante ella, su punto de partida es la sólida convicción de que el comportamiento violento y sus consecuencias pueden prevenirse, para garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos.

En concordancia con lo anterior, la seguridad ciudadana debe estar encaminada a resguardar a los individuos ante hechos de violencia, salvaguardando su integridad física, así como sus derechos y libertades. Su misión fundamental es la seguridad de los ciudadanos, procurando una mejor calidad de vida. La seguridad ciudadana viene a ser un concepto instrumental para el desarrollo de los derechos fundamentales de las personas.1,2

Desde estas perspectivas, la seguridad ciudadana es considerada como un derecho social fundamental, el cual debe ser protegido por el estado en correspondencia con el ciudadano común, por cuanto, el primero se encarga de diseñar y ejecutar políticas públicas preventivas y punitivas para garantizar la tranquilidad, la paz y la confianza de la sociedad; esta última, a su vez, deberá participar masivamente en la ejecución de dichas políticas, para así intervenir directamente en el alivio de situaciones y problemas concretos que se presenten en las comunidades, donde la violencia es uno de los que más incide en la salud y calidad de vida de los individuos.

El tema de la seguridad no solo compete al estado venezolano, sino que también atañe a cada persona y comunidad. Solamente el cumplimiento de las leyes no garantiza la prevención del delito; hay que adoptar medidas de tipo social y natural que apoyen y protejan a los ciudadanos para lograr una intervención efectiva en su entorno y poder controlar las acciones que se emprendan con el fin de disminuir los actos delictivos.

A pesar de tal propósito, en este artículo se enuncian algunas limitaciones que presenta la actual formación del profesional de esta rama en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, en Caracas, Venezuela, y se ofrecen algunas recomendaciones en el ámbito didáctico para revertir dicha situación.

 

ESTRATEGIAS Y ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA EN VENEZUELA

En Venezuela la violencia ha devenido un problema de salud; de ahí que los distintos factores sociales y políticos deben poner su empeño para desarrollar un proyecto de país sin violencia, en aras de lograr el bienestar en la salud y la seguridad ciudadana.

Tradicionalmente la seguridad es conocida como la actividad que realizan los funcionarios policiales, la Fuerza Armada y los custodios en las cárceles, entre otros. Lamentablemente hoy día este personal es insuficiente para enfrentar la violencia y el delito, lo que está vinculado no solo a su formación académica, sino a elementos políticos y sociales que demandan una investigación profunda del tema de la seguridad, con el propósito de aportar ideas y propuestas que contribuyan a generar estrategias en cuanto a la seguridad, que orienten respecto a la prevención del delito.

El rol del estado está relacionado con su participación protagónica en el estudio de la realidad social en las distintas comunidades y de la adopción de posibles soluciones al problema de la inseguridad, la violencia y la lucha contra el delito en sentido en general.

Para lograr la seguridad ciudadana, estatalmente deberán implementarse políticas al respecto, las que son entendidas como "las actividades planificadas, dirigidas, coordinadas por el estado para identificar la problemática delictiva y adoptar medidas tendientes a minimizar los efectos de la criminalidad".3

Las políticas públicas "son un conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un momento histórico y en un contexto determinado permiten inferir la posición del estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad".4

De ahí, que puede afirmarse que las políticas públicas son todas las acciones estratégicas que el gobierno o el estado se traza para satisfacer las necesidades económicas, políticas, educativas, sanitarias, sociales y culturales de su pueblo, delimitando cuidadosamente en cada uno de los momentos las acciones por las que están constituidas.

Ahora bien, según el Artículo No. 55 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, la seguridad ciudadana es un derecho de protección frente a situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la integridad física, la propiedad, el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Desde esta concepción, la seguridad ciudadana es vista como la protección de los derechos de los individuos, la cual asegura las libertades y la garantía constitucionales.

Al respecto, según el Decreto No. 1 453, con fuerza de Ley de Coordinación de Seguridad Ciudadana, publicada en la Gaceta Oficial No. 37.318, de fecha 6 de noviembre del 2011, la seguridad ciudadana es entendida como "el estado de sosiego, certidumbre y confianza que debe proporcionarse a la población, residente o de tránsito, mediante acciones dirigidas a proteger su integridad física y propiedades".6

En consecuencia, la política nacional debe tender a proteger y organizar la seguridad poblacional, "vista como la protección de los derechos ciudadanos y las libertades civiles, a fin de mantener la armonía social y la consolidación de la paz pública para el logro de los objetivos nacionales".6

A partir de 1999, desde la entrada en vigencia de la Constitución, el Ejecutivo Nacional impulsó las políticas de seguridad, con el fin de transformar los factores, de carácter estructural, situacional e institucional, generadores de la violencia en el país, en aras de garantizar la seguridad ciudadana. Entre estas políticas se encuentran 19 planes de seguridad.

Cabe resaltar que en el 2012 se implementó el plan "Gran misión a toda vida Venezuela", el cual tiene como finalidad trabajar en pro de la seguridad de los ciudadanos venezolanos, a través de la prevención del delito y la violencia, la atención a los procesos de socialización, la prevención social, la reforma policial y judicial, la creación de un mapa del delito, la operación "desarme" y el apoyo a los investigadores.

Por otra parte, en las Líneas generales del Plan Nacional Económico y Social de la Nación, del 2007-2013 y 2013-2019, se impulsa el rescate de los valores, así como la defensa, la conservación de la vida humana, la justicia y la salud, para fomentar el bienestar del pueblo venezolano.6,7

No obstante, las tendencias recientes en relación con la violencia muestran un incremento en los rubros de delitos violentos, expresados en estadísticas oficiales que, aunque no reflejan con exactitud la criminalidad real, constituyen un indicador importante en lo referente a la percepción de seguridad concebida por los diferentes estratos sociales del país, que van desde fortalecer la familia, la educación de la población, el mejoramiento del empleo, la efectividad del sistema de justicia; hasta las más extremas, como la pena de muerte y la militarización de la lucha contra la delincuencia. En virtud de ello, los planes, los recursos y la voluntad política del actual gobierno venezolano están dirigidos a avanzar hacia un mismo objetivo: "la consolidación de un estado de paz".

 

Perspectivas de la formación profesional en seguridad ciudadana

La institucionalidad de los cuerpos de seguridad ciudadana no se han visto fortalecidos por procesos efectivos de profesionalización y revalorización social, por el contrario, se han sumido en graves deterioros que afectan no solo su credibilidad pública, sino su capacidad efectiva de cumplir el mandato para el cual fueron creados: servir y proteger al pueblo. En este sentido, Venezuela no ha sido la excepción, pues estudios realizados en 2007 sobre el tema policial, revelaron un nivel de rechazo a la institución que supera 81 % de valoración negativa por parte de la población.

Resulta oportuno señalar que existen condiciones indispensables para consolidar la lucha contra la violencia, tales como el rescate de la autoridad de padres, maestros y profesores para orientar y contener a los jóvenes que están bajo su custodia y supervisión; la escolaridad obligatoria ante la ausencia de los padres; las campañas para reducir conflictos interpersonales y controlar el porte de armas que puedan llevar a confrontaciones fatales.

También es necesario fomentar la participación ciudadana, para rescatar el papel protagónico del pueblo, y valorizar el poder popular como el medio para la construcción de una sociedad que lleve a generar relaciones sociales en el propio espacio territorial de las comunidades y la búsqueda de un nuevo estado que responda a sus exigencias y necesidades.

Con referencia a lo anterior, las universidades como instituciones sociales tienen la función de garantizar procesos formativos que contribuyan a dar respuestas a las exigencias y necesidades de la sociedad. En Venezuela no se excluye este propósito y a partir de la entrada en vigor de la Constitución de la República Bolivariana en el año 1999, se ha venido gestando un proceso de construcción social e implantado un nuevo modelo educativo dirigido a la formación de sujetos solidarios, participativos, responsables, comprometidos política y socialmente, y con la capacidad para transformar su entorno social con conciencia cívica.

Sin embargo, lograr tal objetivo implica la asunción de proyectos educativos colectivos, como algunos ejecutados: la creación de una Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana y de un Observatorio Vecinal, que contemplen el aprovechamiento de la experiencia de los involucrados para discutir problemas de convivencia solidaria, violencia intrafamiliar y urbana, entre otros temas, y a partir de ellos introducir elementos críticos contenidos en análisis teóricos y sistematizados.

Dicha experiencia educativa constituye la base social para transformar la realidad existente en materia de seguridad ciudadana, en función de lo cual deben promoverse eventos y acciones que rescaten la confrontación de ideas y la construcción colectiva, la reflexión y reconstrucción de la realidad vivida en la cotidianidad.

De este modo, constituye un imperativo para las instituciones de seguridad ciudadana públicas, desarrollar al máximo niveles de eficiencia y de conciencia al momento de involucrarse e impulsar junto con aquellas comunidades, el proyecto político-social en el que está inmerso Venezuela para producir y viabilizar la gestión comunitaria a través de la convivencia solidaria.

Por ende, la formación de los profesionales de seguridad ciudadana resulta un propósito vital para el estado, y es necesario educarlos para que sean sujetos críticos de las realidades de la sociedad, con ideologías claras, reflexivas, con un estado de conciencia de la realidad, como que el problema de la violencia y la delincuencia es un aspecto en el que hay que pensar y actuar de manera efectiva.

En ese sentido, debe señalarse que en función de las líneas estratégicas del Plan de la Nación, en el año 2009 se creó la misión Alma Mater, cuyo propósito es impulsar la transformación de la educación universitaria venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial. Precisamente en esta misión surgió en ese año la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) como la institución universitaria especializada en la profesionalización y el desarrollo integral de los funcionarios de la seguridad ciudadana en el país.

La UNES es la institución de nivel superior que se encarga de la enseñanza formal sobre seguridad ciudadana, a través de todas las ramas de educación en seguridad: investigación penal, policía (y policía penitenciaria), bomberos y protección civil; sobre la base del reconocimiento de la protección ciudadana, que se fundamenta en el mantenimiento y restablecimiento del orden público, el apoyo de la autoridad, la protección de personas, hogares y familia, el disfrute y las garantías de derechos constitucionales, cuya responsabilidad corresponde a los cuerpos de policías, de bomberos y a la defensa civil.8

En tal propósito, el proceso de formación de los profesionales de la seguridad ciudadana debe orientarse a preparar ciudadanos que reúnan las condiciones que la sociedad demanda: comprometidos con su comunidad, emocionalmente estables, con sólidas bases morales y éticas, físicamente actos para desempeñar sus funciones, reflexivos, humanistas, garantes de los derechos humanos, con capacidad para analizar y argumentar, con destrezas y habilidades personales en comunicación, liderazgo y resolución pacífica de conflictos, y aptos para desempeñar sus funciones, para lo cual además deberán manejar las técnicas en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

 

Limitaciones en el proceso de formación en seguridad ciudadana

Con vistas a determinar el estado actual del proceso de formación del profesional de seguridad ciudadana, se efectuó un diagnóstico fáctico en la UNES, durante el período 2013-2015, a partir de la aplicación de métodos y técnicas empíricas que incluyeron: encuestas a estudiantes, entrevistas a docentes, observación de actividades docentes y revisión documental; todo ello condujo a comprobar las insuficiencias presentes en el proceso de formación de estos profesionales.

Mediante el análisis integrador de lo obtenido con los instrumentos de diagnóstico aplicados, se revelaron las siguientes manifestaciones externas:

- Poca disposición de los estudiantes para participar e intervenir en proyectos de vinculación social.
- Insuficiente empleo de estrategias y acciones sociales para resolver problemas comunitarios.
- Limitaciones para elaborar e implementar proyectos de desarrollo en correspondencia con las necesidades, los intereses y las potencialidades de los contextos comunitarios.
- Insuficiente empleo de recursos teórico-prácticos para diagnosticar, jerarquizar e intervenir en los problemas sociales de los contextos concretos de desempeño.

Lo anterior refleja, en general, que en el proceso de formación existe un limitado empleo de recursos para la interacción social por parte de los estudiantes de seguridad ciudadana en distintos contextos, lo que limita su desempeño profesional en la solución de problemas sociocomunitarios e incide en la prevención y disminución de los índices de violencia.

Indagando en esa situación, podría decirse que entre las principales causas de dichas insuficiencias se encuentran:

- Limitados enfoques teóricos del proceso de formación básica del profesional de seguridad ciudadana, los que no profundizan suficientemente en la valoración crítica de los problemas sociales reales del contexto comunitario.

- Limitada sistematización de las habilidades profesionales esenciales, que no permiten una formación pertinente en el contexto comunitario.

- Vacíos teóricos respecto a cómo se sistematiza la práctica comunitaria en el proceso de formación del profesional de seguridad ciudadana, en tanto no se valoran suficientemente las particularidades de los contextos de actuación.

Todo lo referido previamente ha posibilitado constatar las insuficiencias en el proceso de formación de los profesionales de seguridad ciudadana, que limitan su futuro ejercicio en correspondencia con las exigencias sociales.

Así, se manifiesta la necesidad de modificar la dinámica de la formación de los profesionales en seguridad ciudadana, a partir de una nueva construcción teórico-práctica (modelo y estrategia) que tome como base fundamental los proyectos de dicha especialidad, y donde se considere la relación existente entre la sistematización de la praxis contextualizada y la investigación profesional por proyectos, a fin de contribuir a perfeccionar su futuro desempeño profesional, pues este es fundamental para incidir en la disminución de la violencia en Venezuela, que trae aparejadas muertes, lesiones, enfermedades y secuelas por este concepto; consecuentemente se lograría el mejoramiento de la salud poblacional.

 

CONCLUSIONES

Dado que la seguridad ciudadana tiene como fin mantener la armonía social y la consolidación de la paz pública, el proceso de formación de los profesionales de seguridad ciudadana debe orientarse al logro de ciudadanos íntegros, que reúnan las condiciones que la sociedad demanda en la lucha contra la violencia como problema de salud en la población.

La caracterización del estado actual del proceso de formación de los profesionales de seguridad ciudadana en la UNES, Caracas, permitió confirmar un limitado vínculo entre lo académico y la realidad social en dicho proceso, y se reveló un conjunto de insuficiencias debido a una limitada interacción sociocomunitaria de los estudiantes de esa carrera, lo que atenta contra su futuro desempeño profesional en correspondencia con las exigencias sociales de disminuir los índices de violencia.

Por tanto, debe adoptarse una nueva perspectiva didáctica desde una visión integradora que potencie la formación en seguridad ciudadana, a partir de la comprensión de la realidad o el contexto social, teniendo en cuenta la relación entre la interdisciplinariedad y lo sociocomunitario.

 

RECOMENDACIONES

• Elaborar un nuevo modelo teórico-práctico en el orden didáctico, basado en proyectos en seguridad ciudadana, y que considere la relación existente entre la sistematización de la praxis contextualizada y la investigación profesional por proyectos.

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Núñez G. Política de seguridad ciudadana en Venezuela. Especial referencia al desarrollo jurídico penal. Capítulo Criminológico. 2006 [citado 23 Ene 2017]; 34(3): 339-61. Disponible en: http://produccioncientificaluz.org/index.php/ capitulo/ article/view/5163/5154

2. Zúñiga Rodríguez L. La Ley de seguridad ciudadana: un síntoma de la crisis del poder ejecutivo. Especial consideración del sistema penal. Themis. 1995 [citado 23 Ene 2017]; (32). Disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view /11542/12063

3. Gabaldon LG. Seguridad Ciudadana y Políticas Públicas en Venezuela. Caracas: ILDIS; 2008. (Serie Diálogo Político)

4. Oszlaky O, O'donnell G. Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Redes. 1995 [citado 23 Ene 2017]; 2(4): 99-128. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90711285004

5. Aguilar Villanueva L. La hechura de la política pública. México, D.F.: Miguel Ángel Porrua; 1992.

6. Ley del Plan de la Patria. Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 20132019 [citado 23 Ene 2017]. Disponible en: http://gobiernoenlinea.gob.ve/home/archivos/ PLAN-DE-LA-PATRIA-2013-2019.pdf

7. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Poder Popular para la Comunicación y la Información. Líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Caracas: MIPPCIS; 2007 [citado 23 Ene 2017]. Disponible en: http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2013/09/Plan-de-la -Naci%C3%B3n-2007-2013.pdf

8. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Aspectos del contexto mundial y nacional. En: Documento fundacional UNES. Caracas: UNES; 2010.

 

 

Recibido:9 de enero de 2017.
Aprobado:2 de abril de 2017.

 

 

Edicta Gregoria González Leal. Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, calle La Línea, 02, Edif. Rectorado, Piso PB, Oficina Única, Zona, Caracas, Distrito Capital, Venezuela. Correo electrónico:mepg@uo.edu.cu



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